Sigue Dimas
En más de una ocasión les he hablado de las dificultades para entender determinadas claves de la política lanzaroteña. El fenómeno Dimas quizá sea uno de los más intrigantes porque sus calvarios judiciales y carcelarios no han acabado con él. Sin entrar ni salir en los asuntos con los que se le relacionan ni en la letra de las sentencias que lo condenan, siempre he pensado que el respaldo a Dimas, aparte de su carisma personal y capacidad de seducción, tiene que ver con su empeño en que el PIL se relacione con los grandes partidos regionales en pie de igualdad, no como subordinado de las orientaciones políticas de Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife. Dado que la Justicia no se mueve si no es mediante denuncia y que sólo las presentan quienes tengan algún interés, estoy convencido de que las tribulaciones de Dimas tienen mucho que ver, no todo, con el deseo de pararle las patas, de meterlo en collera, que alienta en esas grandes formaciones que, paradójicamente, han tratado siempre, por todos los medios, de pactar con él cuando no lo han hecho.
Su último desmarque, al criticar a CC con la que el PIL llegó a acuerdos electorales ha sido sonado. En carta abierta justificando su actitud, habla de sorpresa y dolor al ver como las siglas que él fundara se diluyen en otra fuerza, lo que significa renunciar a su personalidad propia e independencia. Inmediatamente, los rivales políticos, empezando por el mismísimo Soria, muy aficionado a acusar sin pruebas mediante análisis simplones, atribuyeron su actitud a presiones de los socialistas que estarían dispuestos a mejorar su situación carcelaria. Dimas lo niega pero, sea como sea, lo cierto es que los políticos han demostrado en este lance ser muy conscientes del uso, mal uso, de la Justicia y de los tribunales para solventar situaciones que no han podido superar en las urnas. Nada de particular cuando fueron capaces incluso de modificar la ley electoral para elevar los porcentajes de acceso al Parlamento de Canarias para frenar a Dimas y al PIL. Hasta conseguir que la Cámara sea hoy cosa de tres.
Para mucha gente, peores cosas que Dimas han hecho otros que han seguido tan campantes bajo el paraguas de los grandes partidos. Hasta que las escandaleras inmobiliarias a lo largo y ancho del país ha sensibilizado a denunciantes en potencia e impulsado a la Justicia a meterse en harina. El Tribunal Superior de Canarias ha declarado ilegales a veintidós hoteles y un 23 por ciento de las plazas turísticas están amenazados de demolición. En conjunto, varios complejos de gran lujo recibieron dineros de la Unión Europea (más de 30 millones de euros) y se investiga el patrimonio de dos alcaldes. Es en ese contexto en el que hay que situar a Dimas para subrayar los rigores que con él se han empleado durante años en los que precisamente se iban perpetrando las ilegalidades ahora sentenciadas por los tribunales.
Lanzarote tiene así un problema. Aunque de algunas fuentes del Cabildo digan que hay disposición a derribar lo que haya de derribarse esto no es tan sencillo. No puede destruirse de la noche a la mañana una parte sustancial de la oferta sin graves daños para la actividad turística. Imagino que se procurará negociar la legalización de lo legalizable como mal menor. Lo que vendría a relativizar el riesgo de actuar ilegalmente porque al final siempre estará el arreglo.
Pero ése es otro asunto. Empecé por Dimas y con él acabo. Ni es un caso aislado ni el peor. Aunque quieran que creamos otra cosa, lo que de verdad le ha perjudicado y ha sido el origen de las denuncias contra él es su actitud política de insolencia ante los grandes partidos que no se han sentido obligados a protegerlo sino todo lo contrario.
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