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Número 1.287
19 de Marzo de 2008
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Antonio Hernández, ex-teniente alcalde de Arrecife y ex-presidente del PIL
Guerra a los baches
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Daños colaterales


La polémica noticia de “El País” contra la marca Lanzarote ha causado indignación generalizada. La importancia que le ha dado ese periódico, portada y a cuatro columnas, a un asunto viejo y en el que no se aporta ni una sola novedad, es de tal calibre que nadie sabe muy bien los oscuros intereses que han movido a los instigadores del reportaje contra la imagen turística de Lanzarote. Aunque es evidente que la desmesura del tratamiento de la noticia de que “Un tercio de los hoteles de lujo de Lanzarote son ilegales” mereció el triste honor de ser la más importante de España de ese día para los lectores de “El País”. No lo es menos, la comparación de Lanzarote con Marbella. Con nuestras miserias, que las tenemos, Lanzarote es un destino turístico ambientalmente hablando de primer orden. Casi dos tercios del territorio cuentan con algún grado de protección, sólo un escaso 5% del litoral lanzaroteño está ocupado por la industria turística de la que vive toda la isla. Somos un referente turístico en Europa precisamente por nuestro cuidado y nuestro respeto a la naturaleza. Por eso, todavía se entiende menos ese reportaje lleno de inexactitudes y de medias verdades que va a dañar nuestra imagen turística en unos momentos de clara recesión económica de la isla. Hay que reconocer a los instigadores del reportaje que si su intención era hacer daño a Lanzarote y a los lanzaroteños, lo han conseguido. Felicidades, deben de estar muy orgullosos.


Objetivos espurios


Lo que más extraña de este reportaje de “El País” es que se saca no para impedir la construcción de nuevas camas turísticas, ni en plena expansión de la industria turística de Lanzarote sino cuando precisamente la isla estaba enfrascada en buscar la fórmula para negociar una salida al problema que tienen algunos hoteles de la isla cuyas licencias urbanísticas han sido anuladas por defectos formales. No era el tiempo del reportaje, ni mucho menos es justo que se haya comparado a la isla con el modelo de Marbella. Se ha cometido una injusticia con Lanzarote de difícil reparación. ¿Qué se esconde detrás del reportaje? ¿Qué perversos fines se buscaba? ¿A quién beneficia? Estas son algunas preguntas que los agentes sociales, empresariales y políticos se hacen. Todo hace pensar que ese reportaje puede buscar el objetivo de boicotear las negociaciones que la presidenta del Cabildo y el PIL han iniciado con los empresarios y los ayuntamientos turísticos implicados para encontrar una solución que beneficie a la generalidad de la isla. Si eso fuera así, realmente sería penoso.


Dimisión de Espino


Es lógico que haya mucha gente cabreada con este reportaje de “El País” por injusto, por tendencioso y por dañino. Y también que mucha gente quiera ver detrás de él al consejero socialista del Cabildo, Carlos Espino, como instigador o cooperador del reportaje del periódico prosocialista. Cómo lógico parece que algunos consideren que Carlos Espino debe dimitir. Además extraña la poca contundencia del comunicado del Cabildo de Lanzarote contra esa noticia, cuando por temas menores se pone el grito en el cielo. Sabemos que el PIL quiso ser más tajante contra ese reportaje de “El País”, pero no pudieron por la oposición del PSOE. Lo cierto es que los agentes sociales están pidiendo responsabilidades y medidas que castiguen al culpable o culpables. En fin, que da un poco de tristeza comprobar como algunos juegan con las cosas de comer de tantas familias y contra los intereses empresariales de la isla. Y esperemos que esto sea lo peor, porque otras fuentes hablan de que los justicieros quieren venir con esposas y ordenes de detención.


Un asunto nada halagüeño


La posibilidad de que el Gobierno de Canarias tuviera que indemnizar con 1.500 millones de euros a diez empresas que han presentado 22 recursos contra la moratoria regional tiene que ser sin duda motivo de profunda reflexión. Y más cuando ya existe un precedente, la sentencia favorable a una empresa que tenía los derechos para construir dos hoteles en el sur de Gran Canaria y que no pudo llevar a cabo por la moratoria regional. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al Ejecutivo autonómico a pagar tres millones de euros a esta compañía. Sin duda, un serio precedente que, aunque será recurrido ante el Tribunal Supremo por el Gobierno de Canarias y tardará dos o tres años en tener una sentencia firme, da mucho que pensar. Sobre todo porque la sentencia viene a reconocer que el Gobierno de Canarias puede reprogramar el crecimiento del territorio pero los empresarios tienen derecho a ser indemnizados si son gravemente perjudicados. Y lo peor es que esta sentencia pueda tener un efecto llamada y que otros muchos promotores, que no pudieron construir, pidan ahora indemnizaciones. Un feo asunto, sin duda.


Otra crisis en el PIL


La enésima crisis que vivía el PIL hace unos días ha quedado eclipsada por el reportaje aparecido en El País sobre Lanzarote, que ha sentado muy mal a la mayor parte de la sociedad lanzaroteña. Sin entrar a valorar quién tiene o no razón en el seno de los pilistas, es cierto que el partido de Dimas Martín deberá reflexionar sobre qué le ocurre a una formación que ya ha atravesado cuatro crisis y que ha visto marchar a otro presidente más, esta vez en la figura de Antonio Hernández. Sin duda, es una pena que dos personas tan valiosas para el proyecto insularista como Antonio Hernández e Isaac Castellano se hayan quedado en el camino. Esperemos que Dimas sepa solucionar este nuevo problema y, sobre todo, que el goteo de abandonos de las filas del PIL no siga su lenta y contundente marcha.


Los jóvenes abandonan


Desgraciadamente, en muy poco tiempo la política lanzaroteña ha visto cómo la abandonaban numerosos jóvenes valores que acababan de iniciar su carrera en la vida pública y que apenas han aguantado. Sobre todo, esto ha ocurrido en el Ayuntamiento de Arrecife, sin duda uno de los consistorios más difíciles de manejar por su magnitud, y en el PSOE, que ostenta el poder junto con el PIL. Es el caso de dos jóvenes promesas socialistas, Miguel Ángel Ferrer y Marcos Bergaz, y también de personas menos jóvenes pero con una carrera política por delante, como Antonio Hernández, del PIL, o Aurora Pérez, del PP. Todos ellos han dejado sus actas como concejales arrecifeños. Las explicaciones que se pueden dar a estos abandonos son dos. La primera, que estas personas se metieron en la vida pública sin saber lo duro que es. Muchos creen que es más fácil ver los toros desde la barrera que meterse en el ruedo de una institución, lo que es una experiencia muy diferente. La otra explicación es que tal vez se han podido sentir decepcionados por cómo se está gestionando en el Ayuntamiento de Arrecife, al que muchos acusan de no haber hecho nada durante casi un año.


Tendiendo puentes


Coalición Canaria está dispuesta a tender la mano a los socialistas de cara a la próxima investidura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. La formación nacionalista asegura que hasta 2007 han tenido buenas relaciones con el PSOE, que se diluyeron con la llegada de López Aguilar a Canarias. De esta forma, CC demuestra que está alejada de la crispación, y que quiere enterrar el hacha de guerra. De ser así, supondría una nueva etapa en las relaciones Canarias-Estado, que pasaría, obviamente, por la aprobación del Estatuto de Autonomía y de otras necesidades del Archipiélago, como la financiación sanitaria, el REF o la seguridad, entre otros asuntos. Esperemos que así sea y que las buenas relaciones sean a partir de ahora la tónica general.


Información oculta


El CIE sigue dando guerra. Coalición Canaria ha lanzado esta semana una nota asegurando que la presidenta del Cabildo conocía el proyecto del Centro de Internamiento de Inmigrantes en el pleno del Cabildo, en el que se solicitó información al Ejecutivo central sobre dicho proyecto. Los nacionalistas insisten que este proyecto se mantuvo oculto para no perjudicar la imagen del PSOE durante la campaña electoral. Además, la formación critica que cuando ya Manuela Armas pasó el proyecto de este centro a los miembros de la oposición, Joaquín Caraballo seguía defendiendo que su formación no tenía conocimiento alguno sobre lo que el Estado quería construir en El Polvorín de Güime. Un error de Caraballo que ha propiciado que le lluevan críticas al Partido Socialista.


En defensa de Lanzarote


El artículo de El País sobre la ilegalidad de los hoteles en Lanzarote está dando que hablar. Ya no sólo empresarios y responsables políticos de la isla han salido a la palestra a defender el sector turístico, sino que la propia consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, ha arremetido contra Carlos Espino. Así, ha comentado que espera “que no esté haciendo méritos para conseguir un cargo a nivel estatal a costa de Lanzarote”. Además, la responsable de Turismo también ha afirmado que están “sobredimensionando” las irregularidades urbanísticas de la isla porque muchos de los litigios se deben a defectos de forma que se pueden subsanar y, que no existen sentencias penales firmes en contra de los alcaldes de los municipios de Yaiza y Teguise.
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